El parque industrial del país se ha reducido considerablemente los últimos 20 años. Conindustria, órgano gremial de los industriales nacionales, ubica tal variación de 12.000 establecimientos que existían en 1998 a unos 3.500 actualmente. Un desmantelamiento brutal de con gravísimas consecuencias para el consumidor venezolano y para la salud económica de la Nación.
Las medidas anunciadas por el Señor Presidente, Nicolás Maduro, el viernes próximo pasado, amenaza, de no tomarse los correctivos del caso, con terminar la mayor parte del tejido industrial que queda.
Veamos, mediante un ejemplo concreto, el porqué.
Amanacu es la empresa agroindustrial más grande de Barinas. Fundada por el Señor Gaetano, hoy, desgraciadamente desaparecido, oriundo de Italia, pero más venezolano que la Harina Pan. Es una integradora avícola. Tiene su granja de gallinas ponedoras, ubicada en portuguesa. Los huevos fértiles que acá se producen los incuban en su propia incubadora. Y los pollos bebe que de allí salen los distribuye entre sus propias granjas y las granjas de 58 productores independientes. Además, tiene su propia fábrica de Alimentos Concentrados, lo que permite la ceba o engorde de los pollos. Estos son sacrificados en su propio matadero industrial, ubicado en Barinas, embolsados y distribuidos a través de cientos transportistas en todo el Estado y entidades vecinas a los centros de ventas y, de ellos a miles de consumidores. 450 empleados directos hacia posible este proceso productivo, mas unos 3.500 indirectos.
Así fue hasta hace unos tres años.
Cuando empezó a faltar la soya -proteína vegetal insustituible en la actividad avícola y porcina, es importada-, la empresa redujo en un 80% su actividad. Los granjeros independientes, quienes producían unos 5.000.000 kgs cada mes, se quedaron con sus galpones vacíos, los obreros perdieron su trabajo y comenzó a escasear el pollo en el estado.
La Ley de inamovilidad laboral le impide despedir trabajadores, a pesar de operar a 20% de su capacidad, salvo renuncias voluntarias, todo lo cual, sin lugar a dudas la obliga a operar con márgenes de rentabilidad NEGATIVA. La empresa ha guapeado y todavía se mantiene en pie.
En este contexto, Amanacu debe lidiar con las medidas aprobadas por maduro, entre ellas la referida a incrementar el salario a sus trabajadores -5.900%, el mínimo-. Por su tamaño, quizás, no califique para gozar del subsidio salarial que por tres meses ofreció el gobierno.
No hay que ser experto en finanzas para concluir que Amanacu, difícilmente soporte esa pesada carga en su balance de ingresos y gastos. De un lado, no puede producir más pollos, porque el gobierno no le suministra materia prima, que es el único que puede importar soya, maíz amarillo y otros componentes indispensables en los alimentos balanceados, de otro, aun si pudiera, no puede operar a plena capacidad puesto que la caída de la demanda no se lo permitiría, amén que ya anunciarán medidas complementarias, que en la práctica significarán controles de precio en niveles inferiores a los costos de producción.
Te suben sideralmente los costos pero no te generan condiciones para producir más y operar con márgenes adecuados de ganancias. Resultado: el cierre.
¿Se tiene idea de lo que pierde el Estado, el país, además, de los trabajadores directos e indirectos y los consumidores de pollo, por estas equivocadas medidas?
Obviamente, Amanacu, no es un caso aislado. Al contrario, desgraciadamente, configura la terrible situación de todo aquel que produzca algún bien o servicio. No hay derecho. Por donde se vea. No hay derecho.
El problema de fondo.
El salario, como variable económica, constituye uno de los precios más importantes en cualquier economía. Su incidencia en los niveles agregados de consumo, ahorro e inversión están fuera de toda duda. Un equivocado manejo del mismo trastoca el funcionamiento de todo el sistema económico.
La Teoría Económica ha llegado a enunciados concluyentes en este sentido.
Los salarios, en todo tiempo y lugar, deben corresponderse a lo que cada economía agregadamente produce -a nivel macro, el salario mínimo, por ejemplo- y, a la productividad del factor trabajo a nivel microeconómico, a nivel de cada empresa, púes. Una economía no puede distribuir lo que no produce. Cuando se transgrede esa norma los efectos son letales para la sociedad que la incumple, en términos de desempleo, escasez, altos precios, pérdida de producto inestabilidad social y política.
De modo, que “petrolizar” el salario, es decir, atar su evolución al comportamiento de una pretendida criptomoneda, el Petro, constituye un grave error que añadirá muchísima más sal a esta insoportable herida social que padecemos y sufrimos los venezolanos.
