JESÚS M. CASAL H. El supuesto desacato del Parlamento era un artilugio
bien calculado y perverso, porque pretendía hacer creer que era la AN la que se
inhabilitaba a sí misma
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06/08/2018 05:00 am
Hace dos años, el 1 de agosto de
2016, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que la
Asamblea Nacional y su Junta Directiva se hallaban en desacato, al haber
procedido a la reincorporación de los diputados de Amazonas y de la Región
Indígena Sur, electos con el apoyo de la MUD en los comicios del 6 de diciembre
de 2015. Inmediatamente la Sala Constitucional, ilegítima como aquella por su
integración y actuación, reforzó esta declaración de desacato, dirigida a atar
de manos al Parlamento venezolano y a soslayar la incómoda situación que la
misma Sala Constitucional había creado de ir derribando una a una las leyes u
otros actos emanados de la Asamblea Nacional, en una sucesión de sentencias,
todas favorables al gobierno, que había activado las alarmas de la comunidad
internacional ante lo que era evidentemente un bloqueo político llevado a cabo
sistemáticamente desde el írrito TSJ. Sincerando las cosas, para el TSJ y el
gobierno era mejor dejar a la Asamblea Nacional definitivamente anclada a la
inacción jurídica que verse expuestos a encarar cada propuesta legislativa o
acto parlamentario mediante decisiones aparentemente judiciales, pero
sustantivamente políticas, que inevitablemente fungían como campanadas de
autocracia ante los actores nacionales e internacionales.
Artilugio bien calculado
El supuesto desacato del Parlamento
era un artilugio bien calculado y perverso, porque pretendía hacer creer que
era la Asamblea Nacional la que se inhabilitaba a sí misma, en una especie de autodisolución
de hecho, lo cual era y es completamente falso. La verdad es que desde enero de
2016, con el decreto de estado de excepción y emergencia económica, al cual
todavía estamos sometidos en contravención de la Constitución y los tratados de
derechos humanos, el Poder Ejecutivo comenzó explícitamente el cerco contra el
Parlamento, que había sido urdido ya en diciembre de 2015 mediante la
fraudulenta designación de pretendidos Magistrados en el TSJ y la conocida
decisión arbitraria de la Sala Electoral relativa a los Diputados de Amazonas y
la Región Indígena Sur. Desde abril de 2016 el Ejecutivo Nacional, violando la
Ley y la Constitución, dejó de publicar en Gaceta Oficial actos parlamentarios,
como medida fáctica, sin justificación atendible alguna, mientras el TSJ y el
CNE desconocían al Parlamento y a la voluntad popular, dando demostraciones
visibles desde la mayor distancia de su sujeción a los intereses
gubernamentales. Desde agosto de 2016, sin emitir ningún acto formal, el
Ejecutivo dejó de autorizar el pago de los salarios de los diputados y
diputadas, vulnerando la autonomía constitucional, presupuestaria y
administrativa del Parlamento. Los empleados y obreros de la institución
también han sido afectados por este desafuero ejecutivo, pues, aunque perciben
sus modestos salarios, han sido perjudicados por la imposibilidad de disfrutar
de una póliza de HCM mínimamente aceptable y de beneficios contemplados en la
convención colectiva. Las instalaciones y servicios que normalmente estaban a
su disposición han sufrido igualmente las consecuencias del bloqueo funcional y
administrativo-presupuestario que ha implicado el desacato impuesto por el
TSJ.
La declaratoria de desacato dictada
por el TSJ contra la Asamblea Nacional es una figura que no solo no existe en
nuestro ordenamiento jurídico, sino que no se conoce ni podría existir en
ningún Estado de Derecho. Es una manifestación estridente y aberrante del
proceso dictatorial en desarrollo, ya que la respuesta ante un supuesto
incumplimiento a una sentencia por el órgano parlamentario no puede ser el
quiebre de la institucionalidad democrática, al invalidar por anticipado toda
la actividad de la instancia representativa por excelencia del pueblo en su
diversidad política. Lo que ocurre es que el desacato fue construido
alevosamente por el régimen para luego invocarlo como excusa para demoler a la
Asamblea Nacional.
Legitimidad democrática intacta
La Asamblea Nacional ha resistido y
enfrentado valerosamente la embestida autoritaria del gobierno y del TSJ.
Impulsó desde mayo de 2016 la actuación de la OEA y otras organizaciones
internacionales en la crisis venezolana y en el 2017 se hizo presente en muchos
otros espacios internacionales, contribuyendo decisivamente a la formación de
una opinión pública consciente de la naturaleza de lo que ocurre en Venezuela.
Ha continuado con esas y otras iniciativas en el 2018, y en todo momento ha
acompañado a la ciudadanía en sus preocupaciones y luchas. Ha sido ultrajada
impunemente, es verdad, como la Constitución misma, pero su legitimidad
democrática sigue intacta e indiscutida, y desde allí ha observado el
hundimiento en el fango del despotismo de quienes le han adversado
inconstitucionalmente.
jesusmariacasal@gmail.com
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